Qué es la Ley del Arrepentido
La Ley 27.304, conocida como "Ley del Arrepentido" sancionada en 2016, aplica en casos de corrupción, sobornos, asociación ilícita, tráfico de drogas, trata de personas, entre otros.
¿Qué se conoce por Ley del arrepentido?
Esta legislación reduce la pena a quienes habiendo participado de un delito grave, como corrupción, trata, tráfico, prostitución, asociación ilícita, sobornos, ofrecen a la justicia información relevante para llevar adelante la causa y de esa manera agilizan la investigación correspondiente.
No se aplica en delitos de lesa humanidad.
La figura del arrepentido
La figura del "arrepentido" es aquel que voluntariamente brinda información importante y relevante durante el proceso penal de un delito. Es fundamental contar con este tipo de testimonios, porque en muchos casos además de avanzar las investigaciones, evitan que se produzcan nuevos delitos e incluso puedan ubicarse los autores o las víctimas, o hallar las ganancias en caso de corrupción por ilícitos.
Esta figura del "arrepentido" es una persona que también ha cometido un delito grave; sin embargo se le considera como aportante de información fundamental y como retribución se le otorga una reducción importante de la pena en caso de hallársela culpable. Si el delito tiene pena de multa o inhabilitación, la pena no se reduce.
El imputado que quiere beneficiarse de esta ley, debe acordar con el Fiscal que lleve el caso, estando acompañado de un Abogado/a defensor/a. Seguidamente un Juez/a tiene que homologar el acuerdo. Este acuerdo de colaboración debe hacerse de manera escrita, en donde exista constancia de los delitos en los que participó el arrepentido, y en calidad de qué lo hizo (autor, cómplice, encubridor). De igual forma tienen que constar por escrito las pruebas que existen en su contra, detallar el tipo de información que brindará y el beneficio del que gozará por esta colaboración.
Tanto el Fiscal como el Juez/a cuentan con el plazo de un año para investigar la veracidad y la utilidad de la información presentada por la persona imputada. De esta manera la reducción de la pena solo puede aplicarse luego de dictada la sentencia y condenado al arrepentido por parte del Tribunal que lleva la causa.
En caso de comprobarse que la información que aporta el arrepentido es falsa, el imputado perderá todo beneficio de reducción de pena, teniendo que pagar prisión desde cuatro a diez años.